El gobierno del presidente Juan Manuel Santos busca sumar un aliado clave y con reconocimiento internacional a la difusión e impulso de la polémica “Ley Lleras”, iniciativa que pretende regular los derechos de autor en internet y diseñar un mecanismo para descargar el contenido que presuntamente viole estos derechos en la red. Según conoció El Espectador, el cantante español Alejandro Sanz, en carta enviada al primer mandatario agradeciendo la invitación a participar en el concierto ‘Voces Solidaras’, realizado en marzo pasado para recoger ayudas para los damnificados por la ola invernal, reconoció lo que considera una “valiosa iniciativa legislativa” que busca “regular la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet respecto de las infracciones al derecho de autor y conexos en la red”.
“Estas iniciativas son las que nos permitirán a los creadores de la cultura continuar nuestro camino profesional, y las que impulsarán nuevos talentos en un país tan prolífico culturalmente como es Colombia. Deseamos que mediante la aprobación de esta iniciativa, estos nuevos talentos y los artistas que ya estamos en el camino podamos ver con fundada esperanza un futuro de respeto y reconocimiento a nuestras creaciones”, puntualizó Sanz.
En respuesta, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, gestor de la iniciativa, invitó al cantante español a “estudiar su participación para el impulso y la difusión” de la Ley. “En nombre de todos los colombianos le agradecemos por anticipado su afirmativa respuesta que contribuirá sin lugar a dudas al mejoramiento de la calidad de vida de los artistas de nuestro país”, le escribió el ministro a Alejandro Sanz.
La “Ley Lleras” ya fue aprobada en la Comisión Primera del Senado y en la próxima legislatura, que inicia el 20 de julio, se espera su ratificación para convertirse en Ley de la República. Sin embargo, en torno a ella se ha generado toda una discusión.
Diversos sectores critican el proyecto al asegurar que incluye únicamente el punto de vista de los autores por encima de los intereses del resto de la sociedad.
Así mismo, los críticos de la iniciativa aseguran que la exclusión de un juez de la República en la descarga del contenido que presuntamente viole el derecho de autor abre la puerta para que derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la educación sean vulnerados vía protección de los intereses de autores y sociedades de gestión colectiva; de acuerdo con la ley, es una empresa prestadora del servicio de internet la que decidirá qué contenido viola el derecho de autor y cuál no.
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